La reforma constitucional reduce la jornada semanal máxima de 48 a 40 horas de forma escalonada: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, sin disminución de salarios ni prestaciones. Durante 2026 el máximo sigue siendo de 48 horas.
Ese calendario engaña. La obligación llega en 2027, pero lo que hay que cambiar para cumplirla —contratos individuales, reglamento interior, registros de asistencia, esquemas de turnos, contratos colectivos— no se modifica en una semana, y en el caso de los contratos colectivos requiere negociación.
El punto que más cuesta no es la jornada: es la evidencia. Reducir las horas no reduce las obligaciones que se acreditan por registro. Los vencimientos de permisos, las pólizas, los reportes ante autoridades y la evidencia de auditoría conservan sus mismas fechas, con menos horas hábiles para atenderlos.
Lo que conviene hacer ahora, mientras no hay obligación: una auditoría de jornada real —no la contratada, la efectiva— por área y por puesto. La distancia entre las dos es lo que determina si la reducción es un ajuste de papel o una reorganización.